Gobierno adjudicó macroproyecto del canal del Dique

Como una de las premisas del Gobierno del presidente Gustavo Petro de escuchar a las comunidades y luego de cumplirse en los últimos tres meses cerca de 20 mesas de diálogo, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, adjudica del proyecto de APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique, un proceso que se logra después de oír a los pobladores y tras un minucioso proceso de estructuración que duró cerca de siete años.

“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.

Para lograr este objetivo, el Gobierno del Cambio cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en al área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.

Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto. “Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del presidente Gustavo Petro: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.

Desde que inició el mandato del presidente Gustavo Petro se han llevado a cabo cerca de 20 mesas de diálogo con comunidades y líderes regionales a las que asistieron cerca de 1.000 personas. Estas jornadas arrancaron el 8 de septiembre con la visita que hizo el primer mandatario al municipio de Santa Lucía (Atlántico). Previamente, el 6 y 7 de septiembre, la ANI hizo mesas de trabajo en Suán, sede Universidad del Atlántico, Palacio de la Proclamación en Cartagena y la Casa de la Cultura en San Onofre (Sucre).

Otras 13 reuniones se hicieron, entre el 27 y el 30 de septiembre: Los lugares fueron: Campo de la Cruz, Casa de la Cultura de Repelón, Candelaria, Carreto, Manatí, Luruaco y Sabanalarga, en el Atlántico. También en: San Estanislao, San Cristóbal, Tierra Bomba, Caño del Oro, Calamar y Punta Arena, en Bolívar.

Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado del área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto.

 

Generalidades del proyecto

Dentro de los trámites adelantados por la entidad, el proyecto contó también con aprobaciones de otras entidades del orden nacional como: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales garantizaron los recursos para ejecutar las obras que inician con el proceso de preconstrucción y tienen una duración de 18 meses.

En esta etapa se adelantarán requerimientos técnicos, ambientes, sociales y prediales que permitan dar paso al proceso de construcción. En esta fase de preconstrucción, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable.

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también el proyecto tendrá compuertas en Calamar.

La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.

La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios: ocho del Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez ubicados en el departamento de Bolívar: Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana; y uno en Sucre, San Onofre.

Este megaproyecto ambiental es una iniciativa de la que se viene hablando hace más de 50 años en el país y sus obras son primordiales porque, además de aliviar los problemas de sedimentación y riesgos de inundación que incluso hace más 12 años causaron una enorme tragedia al dejar más de 100 mil damnificados en la costa Caribe, beneficia el transporte de mercancías por sus aguas a los puertos del Caribe.

De hecho, con el proyecto se mantendrá el control de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas; también mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal e impulsará la restauración de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

El canal del Dique es un proyecto estructurado conjuntamente por la ANI, el Fondo Adaptación y Cormagdalena, con el liderazgo del Ministerio de Transporte.

Desde lo técnico el proyecto contó con estudios y diseños definitivos a Fase III aportados por el Fondo Adaptación y elaborados por empresas del más alto nivel y reconocida experiencia internacional: Royal HaskoningDHV y Gómez Cajiao. También se contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y la estructuración jurídica, financiera y de riesgos de Bonus Banca de Inversión. Gómez Cajiao adelantó el componente técnico.

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