junio 12, 2024

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100 familias del pueblo sikuani reclaman 26.617 hectáreas con apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó ante un juez de Villavicencio la demanda que pretende reclamar 26.617 hectáreas y 5.538 metros cuadrados del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, ubicado en los municipios de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, y Cumaribo, en el Vichada.

El territorio está conformado por 425 personas del pueblo sikuani que representan 100 familias, organizadas en 20 comunidades, las cuales han sido víctimas de confinamiento, despojo y abandono como consecuencia de la presencia y disputa territorial de los grupos al margen de la ley.

La acción judicial pretende amparar el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales del pueblo indígena sikuani, realizar acciones informativas en el marco de una estrategia pedagógica con la población campesina inmersa en el resguardo y sensibilizar con un enfoque de derechos y reconciliación sobre la condición legal y cultural de los territorios indígenas.

Algunas de las afectaciones que motivaron la presentación de la demanda están relacionadas con la permanente presencia de narcotraficantes, guerrilla y grupos de autodefensa en la región.

La afectación más reciente fue en el año 2022, cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’ realizaron señalamientos y amenazas, por medio de un audio de Whatsapp, contra miembros de la guardia indígena.

El pueblo sikuani fue objeto de reclutamiento y de todo tipo de desmanes por parte de la guerrilla y de los paramilitares, argumenta la demanda.

Según el informe de caracterización realizado por el equipo étnico de la URT, en la década de los 90, se hallaron dos pistas clandestinas en este territorio al servicio del narcotráfico, vigiladas por grupos paramilitares que impedían el paso del pueblo sikuani hacia la vereda de Planas y ocasionando su confinamiento.

Tras la constitución del resguardo, hizo presencia la guerrilla de las FARC, que circulaba en las zonas aledañas, ingresaba al territorio y obligaba a la comunidad a vincularse a la actividad de los cultivos ilícitos, en pleno auge. También restringieron las actividades de subsistencia.

En 1993 el Ejército realizó aspersiones de glifosato sobre el territorio colectivo Iwiwi y Alto Patenae. Esto causó un grave impacto en la flora y las cañadas utilizadas por los pobladores ancestrales, entre otras afectaciones ambientales para la comunidad.

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