Defensor del Pueblo solicita medidas de protección urgentes para niño de tres años, golpeado despiadadamente por su padrastro
Un niño de tan solo tres años, quien en un atroz hecho de violencia intrafamiliar, sucedido en Itagüí (Antioquia), fue golpeado de manera violenta en su rostro por su padrastro, lleva al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a rechazar de la forma más enérgica y categórica lo ocurrido.
“No puede ser que niñas, niños y adolescentes sigan siendo objeto de violencia dentro de su propio seno familiar. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que haya una articulación, real y efectiva, entre las instituciones competentes, con la finalidad de que puedan contribuir a ponerle freno a tan execrable tipo de hechos? Repudiamos como Defensoría del Pueblo semejante vejamen”, manifiesta Carlos Camargo Assis.
La violencia contra la infancia no puede seguir siendo una opción en la crianza, llama la atención a reglón seguido el Defensor: “La familia es un espacio protector y al mismo tiempo el primer responsable de garantizar los derechos de tan sensible grupo etario, que requiere de todo el cuidado de quienes lo rodean. El agresor, ahora que fue capturado, debe responder por lo que hizo, por eso es clave la actuación de la Fiscalía, a quienes hago un llamado, para que alleguen las pruebas a la justicia y así pague penalmente por tan despiadado acto”.
El crudo panorama nacional y los efectos de la violencia intrafamiliar
Por día, en los dos primeros meses del 2024, fueron realizadas 106 valoraciones medicolegales en razón a hechos de violencia intrafamiliar en niñas, niños y adolescentes (NNA); es decir, alrededor de 6360. La violencia intrafamiliar se ha constituido como uno de los principales hechos que vulneran la plena garantía de los derechos de la niñez y adolescencia del país.
Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre los principales agresores están los padres (en el 35% de los casos), las madres (29%) y los padrastros (10%).
“Padres, madres y cuidadores, como el entorno más cercano y protector de la niñez, no deben naturalizar y promover acciones violentas en su contra. Deben apelar a prácticas de crianza respetuosas, todo el tiempo, además de fortalecer los vínculos familiares y la comunicación como primera herramienta en las etapas de la misma crianza, para así crear espacios donde los derechos de niñas y niños sean realmente garantizados”, enfatiza el Defensor del Pueblo.
La violencia intrafamiliar contra NNA genera repercusiones en todo el transcurso de la vida; entre las principales consecuencias están las afectaciones a la salud mental, sensaciones de temor y miedo constante, que no les permiten tener un desarrollo óptimo integral.
Lo que dicta la normativa nacional
La Ley 2089 de 2021 establece la prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra NNA. Además, da cuenta de que tienen derecho al buen trato, a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina por medio de métodos no violentos.
“Es fundamental que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar verifique la garantía de los derechos del niño agredido y adelante absolutamente todas las medidas administrativas que permitan protegerlo, que esté a salvo”, llama Camargo Assis.
El llamado sobre la Estrategia Pedagógica Nacional y de Prevención
El Defensor del Pueblo también le solicita información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el avance en la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, contemplada en el artículo 5.º de la Ley 2089 de 2021, la cual tiene como objetivo generar acciones de prevención para eliminar cualquier forma de castigo y violencia contra la niñez. La Estrategia, adicionalmente, requiere el concurso de los ministerios de Educación, Salud, Interior, de las TIC y Justicia.
Es importante que desde el Legislativo les hagan seguimiento a los diferentes compromisos y obligaciones que por ley tienen los integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de manera tal que se pueda realizar un monitoreo constante de las acciones y el impacto real que tienen en los derechos de la infancia.
“Las iniciativas y estrategias deben tener en cuenta las realidades de cada uno de los territorios, pero también deben involucrar a diferentes actores sociales y estatales, para que estén ajustadas a las necesidades de protección que cada niña, niño o adolescente requiere. Las autoridades administrativas y de la Policía juegan un papel fundamental en la identificación temprana de situaciones de violencia en el entorno familiar”, finalizó el Defensor del Pueblo.
