Superintendencia de Salud extiende intervención sobre EPS Sanitas por un año
La Superintendencia de Salud anunció la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Sanitas, medida que había sido impuesta en abril de 2024. Según la entidad, las razones que motivaron la intervención siguen vigentes.
De acuerdo con la Superintendencia, la aseguradora continúa incurriendo en incumplimientos normativos relacionados con sus condiciones financieras y la prestación de servicios a los afiliados, lo que justifica la extensión de la intervención según lo establecido en la ley.
Sanitas cuenta con 5,6 millones de afiliados y maneja aproximadamente $10 billones para su atención en salud, dado que el sistema de salud le paga cerca de $1’200.000 anuales por cada usuario. Cabe recordar que, días antes de la intervención, la Superintendencia le había abierto una investigación por problemas en los pagos de medicamentos, luego de que el gestor farmacéutico Cruz Verde anunciara que no podría seguir dispensándolos a sus afiliados.
En su momento, Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty—multinacional española con sede en Colombia y propietaria de Sanitas—, calificó la intervención como “una expropiación indirecta” y afirmó que “mediante una decisión administrativa se priva a ciertas personas y particulares de los derechos derivados de la propiedad sobre un bien”.
Tras la intervención, Keralty emprendió acciones legales tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, presentó una denuncia penal contra el exsuperintendente Luis Carlos Leal por presunto prevaricato e interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para revertir el proceso, aunque fue desestimada. A nivel internacional, en enero de este año, el grupo demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando que la intervención vulnera el acuerdo de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, y solicitando una indemnización de 1,2 billones de dólares por perjuicios.
