Defensoría urge cumplimiento de Convención de Ottawa en Foro por Día contra Minas Antipersonal
En el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el Vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, participó en el foro convocado por la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
Durante su intervención, el Vicedefensor destacó la urgencia de avanzar en la implementación integral de la Convención de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y establece su destrucción. “Cumplir esta Convención es una condición esencial para garantizar los derechos de las comunidades y transformar los territorios históricamente afectados por la violencia”, afirmó.
“El desminado humanitario ha sido reconocido expresamente como una línea prioritaria dentro de las gestiones humanitarias que lidera la Defensoría, en cumplimiento de su mandato constitucional de protección y defensa de los derechos humanos”, agregó.
Los cinco municipios de Colombia con mayor número de víctimas entre 1990 y la actualidad son: Tumaco (Nariño) con 403 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 369, Tame (Arauca) con 350, Tarazá (Antioquia) con 278 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 275, según cifras proporcionadas por Acción Integral Contra Minas Antipersonal
(AICMA). (Consulte las estadísticas en este enlace).
Se anunció durante este espacio la expedición del Protocolo de Gestiones Humanitarias, una herramienta de la entidad que establece el marco de actuación institucional frente a situaciones de privación de libertad, desplazamiento forzado, confinamiento y otras afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo la contaminación por artefactos explosivos.
El foro fue un espacio de diálogo sobre los retos pendientes en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de desminado humanitario, así como sobre los impactos que estos artefactos siguen generando en la vida, la movilidad y la dignidad de las personas.
Finalmente, la Defensoría reiteró su respaldo a las comunidades víctimas del conflicto armado y su apuesta por lograr ser territorios seguros, libres de minas y llenos de oportunidades para la vida en paz. En ese sentido hizo un llamado urgente a todos los actores del conflicto para abolir esa práctica como solicita el Derecho Internacional Humanitario.
