Consulta popular queda en pausa: Registraduría pedirá concepto jurídico a altas cortes
La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos, expresó dudas sobre la legalidad del decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó una consulta popular para el próximo 7 de agosto.
Según el documento expedido por la Presidencia, esa jornada electoral tendría como objetivo que los colombianos respondan 12 preguntas relacionadas con temas como la reforma laboral, actualmente en trámite en el Congreso. Sin embargo, el registrador y su equipo jurídico advirtieron que el decreto enfrenta serios cuestionamientos legales.
Penagos señaló que la iniciativa representa un “problema jurídico de gran envergadura”, especialmente porque el Senado ya había rechazado la convocatoria el pasado 14 de mayo. Por ello, la Registraduría solicitará un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y enviará copias a la Agencia Nacional Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación.
El registrador también recordó que durante las elecciones atípicas en Vichada ya había advertido que el decreto estaba siendo objeto de múltiples demandas de inconstitucionalidad. De hecho, a su despacho han llegado solicitudes formales pidiéndole que se abstenga de organizar la jornada del 7 de agosto.
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación previa contra los ministros que firmaron el decreto, mientras desde el Ejecutivo se ha insistido en que la función de la Registraduría es únicamente logística y no tiene competencia para decidir sobre la realización de la consulta.
