Rafael Castillo Pacheco es designado como nuevo rector de la Universidad del Atlántico
El Ministerio de Educación Nacional designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, en el contexto de las medidas de vigilancia especial que actualmente se aplican a esta institución de educación superior.
El nombramiento quedó en firme mediante una resolución emitida el 17 de diciembre de 2025, luego de la remoción del anterior rector, Leyton Daniel Barrios Torres. La decisión se tomó debido a serias dificultades que afectaron la gobernabilidad universitaria y el normal desarrollo del servicio educativo.
Según lo expuesto en el documento oficial, la Universidad del Atlántico enfrenta un escenario de anormalidad institucional caracterizado por problemas de seguridad, suspensión de actividades académicas y conflictos internos. El Ministerio alertó que esta situación compromete la continuidad y la calidad de la educación superior, motivo por el cual se adoptaron medidas preventivas y de control desde noviembre del presente año.
La cartera educativa enfatizó que, si bien la autonomía universitaria es un principio fundamental, esta no es ilimitada. En casos donde se vean vulnerados derechos esenciales, el Estado puede intervenir para asegurar el correcto funcionamiento administrativo y académico, así como la protección de la comunidad universitaria.
En relación con el nuevo rector, el Ministerio informó que, tras revisar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, se determinó que Castillo Pacheco reúne las condiciones necesarias para asumir el cargo. Su principal responsabilidad será ejecutar las acciones ordenadas en el marco de la inspección, con el fin de superar las irregularidades detectadas y restablecer la estabilidad institucional.
Finalmente, el Ministerio aclaró que esta designación podrá ajustarse o darse por terminada dependiendo de la evolución de la situación en la universidad y del cumplimiento de las directrices impartidas. La resolución señala que las medidas adoptadas se mantendrán hasta que se restablezcan plenamente los principios de legalidad, transparencia y participación democrática.
