Opinión | ¡Una alerta temprana!: Amylkar Acosta Medina

Estos fenómenos no siguen una periodicidad definida: sus ciclos son impredecibles, aunque recurrentes. Sin embargo, cada vez se presentan con mayor frecuencia, intensidad y duración.

En esta ocasión, llama la atención que tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) coincidan en estimar una probabilidad del 80% de que el fenómeno de El Niño se presente en el segundo semestre del año. Este pronóstico, basado en modelos climáticos avanzados, permite anticipar su posible consolidación.

Aún más preocupante resulta la advertencia de expertos citados por The Washington Post, quienes señalan que podría tratarse de un “Super Niño”, posiblemente el evento más fuerte en 140 años. De cumplirse este escenario, Colombia no estaría preparada para enfrentarlo, especialmente en el sector energético, que atraviesa por una profunda crisis.

En contraste con el pasado, el actual ministro Edwin Palma ha asumido una postura proactiva, a diferencia del negacionismo de su antecesor Andrés Camacho, cuya falta de previsión estuvo cerca de llevar al país a un apagón durante el fenómeno de El Niño de abril de 2024. El ministro ha sido claro: “toca anticipar y prepararnos… tenemos la responsabilidad de garantizar la energía y el gas para los hogares colombianos y la industria”.

Actualmente, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) presenta un déficit del 2% en 2026, proyectado a aumentar al 3.5% en 2027 en la oferta de energía en firme (OEF). Esto se debe al retraso en la ejecución de proyectos clave de generación —se requieren hasta 2.500 MW adicionales— y de transmisión, necesarios para evitar cuellos de botella en el sistema.

A esto se suma el crecimiento sostenido de la demanda de energía, que avanza a una tasa del 2.62%, reduciendo el margen de maniobra del sistema. En condiciones de sequía extrema, como las que trae El Niño, los bajos niveles de los embalses obligan a depender del parque térmico. Sin embargo, su operación exige mayor importación de gas, en un contexto de limitada capacidad de regasificación y dificultades en el mercado internacional, agravadas por tensiones en el Medio Oriente.

El panorama se complica aún más con la crisis financiera de las empresas comercializadoras de energía, afectadas por el incumplimiento del Gobierno en el pago de subsidios, cuya deuda supera los $3.6 billones. A esto se suma la situación de Air-e, que adeuda más de $2 billones.

La vulnerabilidad del sistema es evidente. Más del 60% de la capacidad instalada depende de la generación hídrica, la más afectada por El Niño. De los 23 embalses del país, solo uno —El Peñol, en Antioquia— tiene capacidad de regulación superior a un año; los demás no superan los cuatro meses. En consecuencia, una sequía prolongada podría traducirse en un apagón.

Esta situación no es producto del azar. Es el resultado de la imprevisión, la improvisación y errores acumulados en distintos gobiernos, que han impedido que la expansión de la infraestructura energética avance al ritmo de la demanda.

Particularmente preocupante es el estancamiento de proyectos de energía eólica en La Guajira, que aportarían cerca de 2.400 MW. Estos proyectos permitirían diversificar la matriz energética y fortalecer su resiliencia, ya que las energías eólica y solar son contracíclicas: a mayor sequía, mayores vientos y radiación solar.

Superar estos obstáculos es urgente, más aún cuando la demanda energética crecerá de manera exponencial impulsada por la inteligencia artificial y los centros de datos, que requieren suministro constante, masivo y sin interrupciones. Este fenómeno, denominado por expertos como la “tiranía del 24/7”, implica que los sistemas tecnológicos no descansan.

Según Goldman Sachs, el consumo de energía podría aumentar un 175% hacia 2030. Si Colombia no se adapta a esta nueva realidad, corre el riesgo de quedarse por fuera de esta transformación global.