Enrique Gómez radicará acto legislativo para impedir una prórroga de la JEP y trasladar los juicios a la justicia ordinaria
Durante una entrevista con Mañanas Blu, Gómez planteó que la JEP no pueda extender su periodo de funcionamiento y propuso que los procesos correspondientes a la etapa de juicio sean trasladados a los tribunales de Justicia y Paz.
La iniciativa también contempla una discusión sobre los recursos asignados a la jurisdicción. El senador sostuvo que buscará reducir el presupuesto solicitado por la JEP para 2027 y que parte de esos recursos pueda ser destinada al fortalecimiento de la justicia ordinaria.
Según Gómez, la JEP habría solicitado más de $800.000 millones para la vigencia de 2027. Frente a esa cifra, el congresista propuso revisar diferentes componentes del gasto, entre ellos los contratos de prestación de servicios, los arrendamientos y los viáticos.
El senador cuestionó además la estructura administrativa de la jurisdicción y la existencia de varias sedes en diferentes regiones del país. En su planteamiento, los recursos que eventualmente sean liberados podrían utilizarse para atender necesidades de la Rama Judicial y contribuir a disminuir la congestión de los despachos.
La propuesta se conoce en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el 14 de septiembre un monto de $634,9 billones para esa vigencia, aunque el proyecto aún debe completar las siguientes etapas de discusión y aprobación.
Gómez busca impedir una eventual extensión de la JEP
Uno de los principales puntos del acto legislativo anunciado por Gómez sería eliminar la posibilidad de extender el periodo de funcionamiento de la JEP.
El senador sostuvo que los cinco años correspondientes a la etapa de juicio no deberían desarrollarse ante esa jurisdicción, sino que podrían quedar en manos de los tribunales de Justicia y Paz que actualmente funcionan en el país.
“Que esos 5 años de vigencia adicional no se surtan ante la JEP, sino ante la justicia o los tribunales de justicia y paz que ya están operando”, afirmó Gómez durante la entrevista.
La propuesta plantea, por tanto, una modificación tanto al esquema de duración de la jurisdicción como a la entidad encargada de adelantar los juicios una vez finalizada la etapa de investigación.
Actualmente, la duración de la JEP se encuentra definida por normas constitucionales y legales. El modelo contempla inicialmente un periodo de 15 años, mientras que las disposiciones vigentes también establecen condiciones bajo las cuales podría darse una extensión adicional de hasta cinco años.
En julio de 2026, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, manifestó que la jurisdicción no había solicitado una prórroga de su mandato constitucional y aseguró que las investigaciones de los macrocasos avanzaban dentro de los tiempos previstos.
El debate sobre el futuro de la JEP también se ha dado en medio de decisiones recientes de la jurisdicción. En julio, el tribunal confirmó una condena contra antiguos integrantes del Secretariado de las Farc por hechos relacionados con el secuestro y otros delitos investigados dentro del Macrocaso 01.
La propuesta también plantea revisar gastos de la jurisdicción
Gómez aseguró que la discusión presupuestal sería uno de los primeros pasos de su estrategia. De acuerdo con sus declaraciones, pretende revisar el tamaño de la estructura administrativa de la JEP y reducir determinados gastos de funcionamiento.
El congresista afirmó que la entidad tendría 1.456 funcionarios de planta y 1.218 contratistas. También señaló que, según sus cálculos, el costo anual de la planta ascendería a $248.000 millones, mientras que los contratos de prestación de servicios representarían alrededor de $62.000 millones.
Estas cifras corresponden a los datos presentados por el senador durante la entrevista y no constituyen, por sí mismas, una verificación independiente sobre la estructura presupuestal de la JEP.
Gómez también aseguró que la jurisdicción ha emitido cuatro fallos y ha definido 46 situaciones jurídicas. El senador utilizó estos datos como parte de sus argumentos para cuestionar el nivel de recursos destinado a la entidad.
Desde la JEP, en contraste, se ha defendido el papel constitucional de la jurisdicción y se ha advertido sobre los posibles efectos que tendría un desfinanciamiento para el desarrollo de los procesos y la atención a las víctimas.
La propuesta anunciada por Gómez deberá ser presentada formalmente ante el Congreso para iniciar su trámite. De avanzar, el acto legislativo tendría que surtir el procedimiento constitucional correspondiente antes de que puedan implementarse los cambios planteados.
Blu Radio
