Fiscalía señala que Nicolás Petro usó a un familiar de Days Vásquez como testaferro
La Fiscalía General de la Nación afirmó que Nicolás Petro Burgos habría utilizado a César Emilio Vásquez Buendía, tío de su excompañera sentimental Daysuris Vásquez, como prestanombres para encubrir el origen ilícito de los fondos que recibió en la campaña presidencial de 2022.
Según la Fiscal Tercera contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, los ingresos que percibía Nicolás Petro como diputado de la Asamblea del Atlántico no correspondían a su elevado nivel de gastos y tampoco fueron declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que configuraría el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.
Durante la audiencia en la que se presentaron las pruebas, el ente acusador señaló que Petro Burgos habría recibido dinero de procedencia ilícita, presuntamente entregado por Samuel Santander Lopesierra a través de su hija, Mónica Patricia Santander Rosado. Para aparentar legalidad en estos recursos, los fondos habrían sido utilizados en la compra e inversión de bienes a nombre de terceros.
Entre las evidencias presentadas, la Fiscalía resaltó un mensaje extraído del celular de Daysuris Vásquez, en el que le pedía a su tío que autenticara en una notaría la renuncia a un inmueble en el condominio ‘La Herradura’, por el cual se habría pagado parte de un monto de $1.600 millones de pesos.
Asimismo, se hizo referencia a otra propiedad en Villas de Palmarito, Tubará, adquirida en diciembre de 2022 por $334 millones de pesos, donde Vásquez solicitaba a su tío que figurara como titular, aunque la posesión real correspondería a Nicolás Petro.
Para la Fiscalía, estas transacciones económicas evidencian que Petro recibió dinero de terceros de manera irregular y lo ocultó a través de intermediarios, con el propósito de aumentar su patrimonio de manera ilegal.
Con estos argumentos, el organismo judicial buscará demostrar la comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, argumentando que los ingresos oficiales de Nicolás Petro no justificaban su capacidad de gasto ni la adquisición de bienes durante el período investigado.
