Corte Constitucional califica como bajo el cumplimiento del Estado en programas de alimentación para la niñez Wayuu
La Corte Constitucional, mediante el Auto 1179 de 2025 con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, concluyó que el Gobierno no ha cumplido de manera adecuada las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 en materia de atención y seguridad alimentaria para el pueblo Wayuu.
La Sala determinó que el objetivo constitucional mínimo segundo, orientado a mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y ampliar la cobertura de los de seguridad alimentaria, presenta un grado de cumplimiento bajo. Pese a los reportes oficiales, el alto tribunal encontró que las acciones no responden a las exigencias impartidas hace siete años, y que persisten graves deficiencias en el diseño de políticas públicas, la gestión presupuestal y la medición de resultados.
En materia de atención alimentaria, la Corte advirtió fallas estructurales, ausencia de indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) y falta de información veraz y consistente. Sobre seguridad alimentaria, señaló que los programas no han garantizado una alimentación sostenible para la niñez Wayuu, que existe un desequilibrio entre las responsabilidades del Gobierno nacional y los municipios, y que no se cuenta con un plan para superar el asistencialismo.
El alto tribunal calificó como inadmisible que, tras siete años, las cifras de desnutrición y mortalidad infantil Wayuu no hayan disminuido de manera significativa, y alertó sobre la carencia de instrumentos actualizados como la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN).
La Sala identificó cuatro bloqueos institucionales: falta de acciones para resolver problemas estructurales, deficiencias en la información, ausencia de línea base e indicadores en IGED, y carencia de transparencia y sostenibilidad en las políticas.
Para superar estos obstáculos, la Corte ordenó al MESEPP y al Comité Técnico del Derecho a la Alimentación presentar un plan estructural, entregar un informe sobre inconsistencias detectadas, reactivar la ENSIN y el PNSAN o crear mecanismos alternativos, y tomar medidas inmediatas en Riohacha para garantizar el acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Asimismo, solicitó conceptos de expertos en alimentación del pueblo Wayuu y pidió a los órganos de control acompañar el proceso para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En su Cuenta de x, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, destacó la urgencia de atender las falencias estructurales identificadas, señalando que es indispensable que las autoridades adopten medidas efectivas y sostenibles para garantizar el derecho a la alimentación de esta población.
