Defensoría advierte desafíos en la aplicación de la primera sentencia de la JEP por secuestros
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia dentro del caso 01 sobre secuestros, dirigida a los siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc. Los sancionados recibieron una pena restaurativa de ocho años, que no contempla prisión debido a que reconocieron su responsabilidad en 21.000 hechos de secuestro.
Frente a este fallo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó que la decisión judicial reconoce 28 clases de daños ocasionados a las víctimas, tanto en su dignidad humana como en la vida comunitaria y en los territorios afectados por el conflicto.
“Resalto dos aspectos: primero, el abandono de las armas y la terminación del enfrentamiento armado por parte de las Farc; segundo, la aceptación de su responsabilidad. No obstante, es necesario recordar que las víctimas han pedido con insistencia que se asuma a mayor profundidad la responsabilidad frente a la violencia sexual”, señaló Marín.
La funcionaria subrayó que la sanción restaurativa de ocho años, contemplada como la máxima dentro del Acuerdo de Paz de 2016, plantea retos urgentes. Entre ellos, la falta de claridad en la forma en que estas sanciones se compatibilizan con el ejercicio político de los excombatientes. Además, indicó que la consulta que se realizará a las víctimas en los próximos 30 días para definir los trabajos y proyectos restaurativos representa una oportunidad clave para fortalecer su participación y dar legitimidad a las sanciones.
Marín añadió que, aunque la medida tiene un carácter restaurativo, también debe tener un componente retributivo. “Las sanciones deben generar un grado de restricción, expresado en limitaciones de movilidad dentro de espacios territoriales específicos, fijados para el cumplimiento de los proyectos restaurativos autorizados por la JEP. El reto ahora es garantizar las condiciones prácticas y operativas que hagan posible su cumplimiento”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que seguirá acompañando a las víctimas y a la sociedad en la implementación del Acuerdo Final de Paz, con el propósito de que se respeten de manera plena y genuina los derechos de quienes sufrieron el conflicto.
