Exministro Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades por investigación en contratos de la UNGRD
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se presentó de forma voluntaria ante las autoridades en la ciudad de Cali, donde fue reseñado tras hacerse efectiva la orden de captura en su contra. El hecho se produce en el contexto de la investigación judicial que lo vincula con presuntas irregularidades en la asignación de contratos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La actuación judicial se produjo tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el cual determinó imponer una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro penitenciario. La orden también cobija al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Ambos exfuncionarios son señalados de participar, presuntamente, en conductas relacionadas con concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La investigación busca establecer si existió una red organizada dedicada a alterar y direccionar procesos contractuales dentro de la UNGRD.
La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien no acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que había propuesto una medida de detención domiciliaria. En su evaluación, el Tribunal consideró que la magnitud de los hechos y los riesgos procesales identificados justifican una reclusión en establecimiento carcelario.
En el auto, la magistrada ordenó expedir las órdenes de captura correspondientes contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Igualmente, dispuso que, una vez ejecutadas las capturas, se informe a las autoridades pertinentes para que los procesados queden a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Entre los fundamentos expuestos por el Tribunal se destaca la permanencia de riesgos para la institucionalidad y el momento procesal en el que se encuentra la investigación. Según la magistrada Rosero, la detención domiciliaria no garantiza de manera suficiente la mitigación de dichos riesgos, ya que no impediría posibles acciones de influencia, coordinación indirecta o interferencia funcional, propias —a su juicio— de estructuras delictivas que operan desde posiciones de poder bajo una fachada de legalidad.
