Opinión | ¡En defensa de los biocombustibles!: Amylkar Acosta Medina

Las leyes 693 de 2001 —de mi autoría— y 939 de 2004 establecieron la obligatoriedad de estas mezclas en todo el territorio nacional, a partir de 2005 y 2008, respectivamente. Tras más de dos décadas de implementación, los biocombustibles han contribuido a reducir 3,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2025 y 950 toneladas de material particulado, con impacto directo en la mitigación del cambio climático y en la salud pública, especialmente en los grandes centros urbanos.

Sin embargo, la cadena productiva del etanol enfrenta hoy una grave amenaza, derivada —a mi juicio— de la falta de coherencia en la política pública actual, lo que pone en riesgo los avances en la transición energética justa que el propio Gobierno promueve.

El origen de la crisis radica en el crecimiento sostenido de las importaciones de etanol. Hasta 2016, la producción nacional abastecía plenamente la demanda interna. A partir de 2017 comenzó a ingresar etanol importado desde Estados Unidos, cuya participación en el mercado interno pasó a 40 % en 2023 y superó el 50 % entre 2024 y 2025.

Este cambio coincide con la derogatoria de la Resolución 90454 de 2014, que limitaba las importaciones a los volúmenes necesarios para cubrir el déficit y garantizar la mezcla E-10. Su reemplazo por la Resolución 41053 de 2017 liberalizó las importaciones. Como resultado, estas pasaron de 68 millones de litros en 2016 a 269 millones en 2019 y alcanzaron un récord de 437 millones en 2025, favorecidas por la diferencia entre el precio regulado del etanol nacional y el precio de paridad de importación, que cuenta con subsidios en su país de origen.

Las consecuencias son evidentes: el mercado interno se encuentra saturado con inventarios superiores a 54 millones de litros. Esto amenaza una cadena productiva que genera 286.000 empleos formales en más de 50 municipios, principalmente rurales. El sindicato del sector ha solicitado al Gobierno la firma de una resolución de estabilización de precios que tome como referencia los costos reales de producción, en lugar del precio internacional del azúcar.

Existen dos factores que no se han considerado adecuadamente. Primero, el posible dumping del etanol importado, que recibe subsidios en su país de origen —desde el cultivo del maíz hasta su procesamiento— estimados entre 22 % y 32 %, además de protección arancelaria.

Segundo, la diferencia en reducción de emisiones: el etanol producido a partir de caña de azúcar reduce aproximadamente 73 % de emisiones de GEI, mientras que el elaborado con maíz oscila entre 20 % y 40 %. Colombia, como firmante del Acuerdo de París, se comprometió a reducir sus emisiones en 51 % para 2030, meta a la que el etanol nacional contribuye de manera significativa.

Resulta preocupante la intención de eliminar los incentivos al etanol y al biodiésel, confundiendo la exención de gravámenes —diseñada para promover la sustitución de combustibles fósiles— con un subsidio directo. Favorecer las importaciones en detrimento de la producción nacional contradice los objetivos de diversificación económica, reindustrialización y fortalecimiento del agro.

En lugar de debilitar esta industria, debería considerarse el aumento del porcentaje de mezcla, lo que permitiría reducir aún más la dependencia de combustibles importados —que superan el 40 % en gasolina y el 15 % en diésel— y avanzar en la descarbonización del transporte.

Los biocombustibles son una herramienta estratégica para la transición energética y el desarrollo rural. Se requiere coherencia en la política pública para evitar retrocesos y proteger un sector clave para la economía y el medioambiente del país.