Alias ‘Papá Pitufo’ y ‘Pipe Tuluá’ aparecen en indagaciones sobre presuntos nexos con campaña de Petro en 2022

Diversos reportes de medios estadounidenses han señalado que autoridades judiciales de ese país estarían realizando averiguaciones preliminares en las que se menciona el nombre del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hasta el momento, no existe una acusación formal ni una notificación oficial en su contra, según la información disponible.

De acuerdo con esas versiones, las indagaciones se desarrollarían en dos líneas principales: una liderada por fiscales federales en Nueva York y otra basada en información recopilada por la Administración de Control de Drogas. En el primer frente, autoridades en distritos como Manhattan y Brooklyn estarían revisando posibles vínculos entre estructuras del narcotráfico y la campaña presidencial de 2022.

En ese contexto, han sido mencionados dos nombres asociados al crimen organizado en Colombia: Andrés Felipe Marín, exlíder de la estructura conocida como “La Inmaculada” y recientemente extraditado, y Diego Marín, señalado como presunto articulador de redes de contrabando. Según los reportes, ambos podrían estar relacionados con información sobre supuestos aportes ilegales a la campaña, en un episodio que ha sido denominado públicamente como el “Pacto de la Picota”.

En el caso de alias “Pipe Tuluá”, se ha indicado que, antes de su extradición, habría asegurado que fue contactado por Juan Fernando Petro durante la campaña electoral, en el marco de conversaciones sobre eventuales beneficios judiciales. Estas declaraciones, según los mismos informes, estarían siendo evaluadas por investigadores federales como parte del proceso de verificación.

Por otro lado, el nombre de “Papá Pitufo” aparece ligado a una versión sobre la supuesta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña. Dichos recursos, de acuerdo con estas versiones, habrían sido posteriormente devueltos, aunque ese episodio sigue siendo objeto de discusión pública y análisis por parte de las autoridades competentes.

Paralelamente, algunas publicaciones también mencionan una segunda línea de revisión basada en datos recopilados por la DEA, que incluiría testimonios de fuentes confidenciales sobre presuntos vínculos con redes criminales internacionales y movimientos financieros. No obstante, estas informaciones han sido calificadas como preliminares y sujetas a verificación.

Desde el Gobierno colombiano han rechazado de manera enfática estas versiones. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que las acusaciones carecen de sustento. En la misma línea, la Embajada de Colombia en Washington señaló que se trata de información no confirmada basada en fuentes anónimas. Por su parte, el presidente Petro ha reiterado que no enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos y que cualquier indagación permitirá esclarecer los señalamientos.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han anunciado decisiones judiciales ni cargos formales, por lo que el alcance de estas averiguaciones sigue siendo incierto. Entretanto, el tema continúa generando debate en los ámbitos político y mediático tanto en Colombia como en Estados Unidos.