Corte Suprema de EE. UU. evalúa orden de Trump para limitar ciudadanía por nacimiento
La medida impulsada por el mandatario pretende negar la nacionalidad automática a hijos de personas en condición migratoria irregular o con visas temporales, lo que ha generado un amplio debate jurídico y político en el país.
Trump llegó minutos antes del inicio de la sesión y se ubicó en la zona destinada al público, desde donde siguió atentamente los argumentos presentados en la audiencia. En representación del Gobierno intervino el procurador general John Sauer, encargado de defender la postura oficial.
Desde el otro lado del litigio, la Unión Americana de Libertades Civiles cuestionó con firmeza la iniciativa. Su director ejecutivo, Anthony D. Romero, aseguró que el caso tiene un profundo impacto constitucional y reiteró que el tribunal debe proteger los principios fundamentales del país.
Organizaciones defensoras de derechos civiles sostienen que se trata de uno de los procesos más trascendentales en décadas, ya que pone en discusión el alcance de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La orden ejecutiva fue firmada por Trump en enero de 2025, el mismo día en que inició su segundo mandato. Desde entonces, ha enfrentado múltiples demandas en tribunales federales, donde jueces de distintos estados bloquearon su implementación al considerar que excede las facultades del Ejecutivo.
El debate gira en torno a la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que desde el siglo XIX garantiza la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, sin distinción del estatus migratorio de sus padres.
El mandatario ha defendido su interpretación señalando que esta disposición fue concebida tras la Guerra Civil para proteger a los descendientes de personas esclavizadas, y no para aplicarse a otros contextos migratorios actuales.
En decisiones previas, la mayoría conservadora del alto tribunal permitió que el caso avanzara al levantar bloqueos emitidos por cortes inferiores, aunque sin pronunciarse aún sobre la constitucionalidad de la medida.
Expertos en derecho constitucional y organizaciones de derechos humanos advierten que modificar este principio mediante una orden presidencial podría sentar un precedente significativo y generar amplias repercusiones legales en el país.
La decisión final de la Corte Suprema será determinante para definir el alcance del derecho a la ciudadanía en Estados Unidos y los límites del poder presidencial frente a la Constitución.
