Defensoría alerta por posibles ataques con drones y explosivos en varias regiones del país
Foto: Defensoria del Pueblo
Según la entidad, los hechos se concentraron especialmente en Cauca y Nariño, aunque también se reportaron eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
La Defensoría señaló que, aunque las circunstancias y autorías de varios de los hechos aún son materia de verificación, en un periodo corto se registraron hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La entidad aclaró que la información disponible no permite afirmar que exista una ofensiva nacional coordinada, debido a que los hechos estarían relacionados con dinámicas territoriales y la actuación de distintos grupos armados en un escenario de fragmentación de las estructuras ilegales.
Uno de los principales motivos de preocupación es que varios de estos hechos ocurrieron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades. Algunos episodios, además, habrían generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad.
Preocupación por uso de drones y explosivos
La Defensoría también llamó la atención sobre la utilización reiterada de drones y artefactos explosivos, modalidades que, según recordó, ya habían sido advertidas por su Sistema de Alertas Tempranas.
La entidad advirtió que estas prácticas están modificando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios y que su utilización en zonas pobladas o próximas a bienes civiles aumenta el riesgo de afectaciones indiscriminadas contra la población.
Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y eviten convertir a las comunidades en escenario de demostraciones de fuerza.
Entre las principales exigencias formuladas están el respeto estricto de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, así como la abstención de realizar acciones que puedan poner en riesgo a la población civil.
También pidió cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.
La Defensoría recordó que la existencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección frente a las personas y bienes civiles que se encuentren en sus inmediaciones.
Piden fortalecer la respuesta estatal
En el contexto del inicio de un nuevo Gobierno, la entidad consideró fundamental fortalecer desde los primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad y defensa con medidas de prevención y protección de las comunidades.
La Defensoría destacó que las capacidades institucionales, las alertas territoriales y las recomendaciones formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas pueden contribuir a anticipar escenarios de riesgo y facilitar respuestas oportunas y diferenciadas de acuerdo con las condiciones de cada territorio.
Finalmente, anunció que continuará monitoreando la evolución de los hechos y sus impactos humanitarios, al tiempo que insistió en que la prioridad debe ser la protección de la población civil y evitar que las comunidades terminen asumiendo el costo de la violencia.
