Gobierno impugna fallo que impone restricciones a bombardeos ante presencia de menores
El despacho judicial había levantado la suspensión provisional que impedía este tipo de operaciones cuando hubiera posibilidad de que niños, niñas o adolescentes se encontraran en los lugares intervenidos. Sin embargo, estableció una serie de medidas adicionales de precaución para estos casos.
De acuerdo con la decisión, cuando las autoridades dispongan de información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores, deberán reforzar previamente las labores de inteligencia, analizar los riesgos y evaluar alternativas operacionales que permitan alcanzar el objetivo militar legítimo reduciendo al máximo los posibles daños.
El juzgado también señaló que la presencia de menores dentro de un campamento de un grupo armado no significa, por sí sola, que puedan ser considerados objetivos militares. Por ello, cada operación deberá ser examinada de manera particular y bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno, por su parte, argumenta en la impugnación que las Fuerzas Militares ya disponen de protocolos, herramientas tecnológicas y diferentes fuentes de información para establecer las condiciones de las zonas en las que se proyectan operaciones aéreas.
Con el recurso presentado, los ministerios buscan que la decisión sea revisada por una instancia superior y que se modifiquen o revoquen las condiciones establecidas por el juzgado de primera instancia.
El proceso judicial se originó a partir de una tutela relacionada con una operación militar realizada el pasado 27 de agosto en el departamento del Guaviare contra una estructura de las disidencias de las FARC, en la que murieron varios menores de edad.
Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá a su cargo el estudio de la impugnación presentada por el Gobierno y deberá definir si mantiene, modifica o deja sin efecto las medidas adoptadas inicialmente por el Juzgado 34 de Familia.
ministerios de Defensa, Justicia e Inpresentaron un recurso de impugnación contra la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, relacionada con las operaciones aéreas ofensivas de las Fuerzas Militares en zonas donde pueda existir presencia de menores de edad.
El despacho judicial había levantado la suspensión provisional que impedía este tipo de operaciones cuando hubiera posibilidad de que niños, niñas o adolescentes se encontraran en los lugares intervenidos. Sin embargo, estableció una serie de medidas adicionales de precaución para estos casos.
De acuerdo con la decisión, cuando las autoridades dispongan de información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores, deberán reforzar previamente las labores de inteligencia, analizar los riesgos y evaluar alternativas operacionales que permitan alcanzar el objetivo militar legítimo reduciendo al máximo los posibles daños.
El juzgado también señaló que la presencia de menores dentro de un campamento de un grupo armado no significa, por sí sola, que puedan ser considerados objetivos militares. Por ello, cada operación deberá ser examinada de manera particular y bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno, por su parte, argumenta en la impugnación que las Fuerzas Militares ya disponen de protocolos, herramientas tecnológicas y diferentes fuentes de información para establecer las condiciones de las zonas en las que se proyectan operaciones aéreas.
Con el recurso presentado, los ministerios buscan que la decisión sea revisada por una instancia superior y que se modifiquen o revoquen las condiciones establecidas por el juzgado de primera instancia.
El proceso judicial se originó a partir de una tutela relacionada con una operación militar realizada el pasado 27 de agosto en el departamento del Guaviare contra una estructura de las disidencias de las FARC, en la que murieron varios menores de edad.
Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá a su cargo el estudio de la impugnación presentada por el Gobierno y deberá definir si mantiene, modifica o deja sin efecto las medidas adoptadas inicialmente por el Juzgado 34 de Familia.
