A tres meses del terremoto, persisten barreras para atender a los afectados: Defensoria del Pueblo

A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten graves dificultades en la atención y recuperación de las comunidades afectadas, especialmente en materia de vivienda, salud, educación y financiación de las medidas de respuesta.

De acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, el desastre dejó 363.791 familias y 776.119 personas afectadas. Además, 104.049 viviendas se encuentran inhabitables, 19.149 fueron destruidas y otras 119.748 presentan daños.

Por su parte, el reporte situacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 27 de octubre, registra 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

La emergencia también ocasionó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, acueductos y puentes.

Persisten dificultades para acceder a ayudas de vivienda
Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está relacionado con el Registro Único de Damnificados, debido a que no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores al cierre del sistema. Esta situación podría dejar por fuera de las ayudas a familias que también resultaron afectadas.

A esto se suman inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas y dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias, mientras que, al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira todavía no habían cobrado el beneficio.

La entidad también cuestionó que el subsidio de arrendamiento, fijado en $1.050.000 mensuales durante tres meses, no responde a los tiempos estimados de reconstrucción, que podrían extenderse entre 12 y 18 meses. La escasez de viviendas disponibles ha llevado incluso a algunas familias a regresar a lugares que no reúnen condiciones adecuadas de seguridad.

En cuanto a los alojamientos temporales, el seguimiento identificó 15 espacios activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. La Defensoría alertó sobre la falta de protocolos para el cierre de albergues y de alternativas habitacionales dignas para quienes deben abandonarlos.

Alertan por afectaciones en salud y educación
En el sector salud, aunque se habilitaron sedes transitorias y se anunciaron planes de reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, las verificaciones en terreno evidenciaron una reducción en la capacidad de atención y demoras en consultas especializadas, entrega de medicamentos y autorizaciones.

En Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá continuaba funcionando con daños en sus muros y rutas de evacuación, además de una reducción cercana al 50 % en su capacidad de personal e infraestructura. En Risaralda también se reportaron retrasos en citas, autorizaciones y medicamentos, mientras que el Hospital Universitario San Jorge suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS.

En materia educativa, la Defensoría señaló que, pese a los anuncios de recuperación del servicio para los estudiantes afectados, todavía hay menores que no han regresado a clases presenciales o que no cuentan con instalaciones seguras.

En el Valle del Cauca, al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales. En Calarcá, la institución educativa San Bernardo atendía a más de 1.000 estudiantes en 81 carpas, con dificultades de acceso a energía, baños y sistemas adecuados de drenaje.

También se identificaron retrasos en la asignación de recursos para intervenir las sedes educativas y problemas en el Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.

Preocupan los recursos para la reconstrucción
Otro de los puntos que genera preocupación es la financiación del proceso de recuperación. Según la Defensoría, el costo estimado asciende a $58,29 billones, pero solo se han identificado inicialmente $8,21 billones, lo que deja una brecha de financiación de $50,08 billones.

Esto significa que el Plan de Acción Específico (PAE) todavía no cuenta con recursos asegurados para ejecutar la totalidad de las intervenciones previstas.

La entidad advirtió que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no existe suficiente claridad sobre su disponibilidad, apropiación o ejecución. Además, precisó que la inclusión de una fuente en el plan no significa que ya tenga una asignación presupuestal.

La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial.

Asimismo, se señalaron dificultades de articulación entre el Fondo Milagro, creado para administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, reconstrucción y reactivación económica, y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Defensoría pide garantizar una recuperación integral
La entidad también advirtió sobre los riesgos que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las barreras que persisten para que las comunidades étnicas sean reconocidas en los registros y puedan acceder a las ayudas.

En el ámbito económico, señaló la necesidad de implementar medidas que permitan recuperar los medios de vida de campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendimientos afectados por el terremoto.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó establecer una ruta extraordinaria para actualizar y corregir el Registro Único de Damnificados, garantizar la entrega oportuna de los subsidios de arrendamiento y evitar el cierre de alojamientos temporales sin alternativas habitacionales seguras.

También pidió priorizar la recuperación de hospitales, instituciones educativas y centros de desarrollo infantil; asegurar la continuidad de los tratamientos médicos, la alimentación escolar y la atención a las personas mayores, así como incorporar enfoques diferenciales para proteger a las comunidades más vulnerables.

Finalmente, insistió en que el Gobierno debe asegurar la financiación del Plan de Acción Específico, fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales y garantizar que la reconstrucción esté acompañada de la recuperación económica y social de las comunidades.

La Defensoría concluyó que la principal lección de esta emergencia es la necesidad de asumir la gestión del riesgo de desastres como una estrategia de desarrollo sostenible, basada en la protección de los derechos humanos y en enfoques preventivos, diferenciales y territoriales.

Con información de la Defensoria del Pueblo