Opinión | ¡El portazo del ministro!: Amylkar Acosta Medina
Dicha mayoría corresponde a una Junta integrada por siete miembros, de los cuales tres han sido designados por el presidente de la República, Gustavo Petro, además del gerente Leonardo Villar, cuyo mandato fue renovado por unanimidad, contando incluso con el voto del exministro de Hacienda de este gobierno, Ricardo Bonilla.
Como lo ha advertido el gerente del Banco, Leonardo Villar, la decisión obedece a que “las expectativas de inflación se mantienen elevadas”. No obstante, el ministro Ávila desestimó este argumento señalando que “eso es pura paja”, evidenciando el tono del debate planteado.
Lo cierto es que, si el Gobierno no le quita el pie al acelerador del gasto —como lo ha requerido reiteradamente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)—, le corresponde al Banco de la República, como contrapeso, activar el freno para contener la inflación. Esta, además, se ha visto presionada por factores externos como la guerra en el Golfo Pérsico. Para ello, el Emisor recurre a su principal herramienta de política monetaria.
Algunos sectores han salido en defensa del ministro Ávila, señalando que tanto el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, como la Reserva Federal de Estados Unidos, liderada por Jerome Powell, han optado por mantener estables sus tasas de interés. Sin embargo, estas entidades no enfrentan un desbordamiento del gasto público ni niveles de endeudamiento como los que afronta Colombia actualmente.
En efecto, desoyendo los llamados del CARF, el Gobierno ha mantenido un elevado nivel de gasto, especialmente en burocracia y contratación directa. Según la Contraloría, en enero se firmaron más de 521.000 contratos por un valor superior a $32,88 billones, generando preocupación por su magnitud y rapidez.
A esto se suma una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, que reveló la firma de contratos por cerca de $31 billones con juntas de acción comunal, cabildos y resguardos indígenas, sin procesos de licitación pública.
El endeudamiento también ha crecido significativamente, pasando de $1.031 billones en enero de 2025 a $1.205 billones, es decir, un incremento de $170 billones en apenas un año.
Otro factor de presión inflacionaria ha sido el aumento del salario mínimo. Mientras las centrales obreras solicitaban un incremento del 16%, el Gobierno decretó un aumento del 23,78%, superando en 7,78 puntos porcentuales dicha petición.
Todas estas decisiones contribuyen a elevar las expectativas de inflación, como lo ha señalado el gerente Villar.
Cabe recordar que la Constitución de 1991 transformó el manejo de la política monetaria en Colombia, eliminando la antigua Junta Monetaria —dependiente del Ministerio de Hacienda— y otorgando autonomía al Banco de la República. Como lo expresó en su momento el constituyente Alfonso Palacio Rudas, se trataba de “enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”.
Hoy, esa autonomía parece estar en riesgo. Declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, quien calificó como “estrafalaria” la decisión de cuatro miembros de la Junta, ponen en entredicho la independencia del Emisor. Incluso ha afirmado que el Banco ha perdido su independencia, pese a que algunos de esos miembros fueron designados por su propio gobierno.
Sin embargo, la Constitución establece que entre el Gobierno y el Banco debe existir coordinación, no subordinación. Así lo reafirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-426 de 2020, al señalar que la banca central debe ejercer sus funciones con amplia independencia, sin interferencias indebidas.
En esta línea, el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz advierte que cuando los gobiernos subordinan la política monetaria a necesidades fiscales o intereses de corto plazo, los resultados suelen ser negativos: inflación, pérdida de credibilidad y deterioro del bienestar general.
En conclusión, lo que está en juego no es un simple desacuerdo técnico, sino la autonomía del Banco de la República, pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica del país.
