Registrador Hernán Penagos garantiza transparencia y seguridad para las elecciones presidenciales

Según explicó el funcionario, actualmente los sistemas tecnológicos utilizados por la Registraduría están siendo sometidos a revisiones por parte de una firma internacional especializada. Además, indicó que los partidos políticos han tenido acceso directo a las auditorías y a los códigos fuente de los softwares durante varias semanas para verificar su correcto funcionamiento.

Penagos señaló que, antes de la jornada electoral del 31 de mayo, los sistemas quedarán bloqueados para impedir modificaciones. Posteriormente, el día de las elecciones, serán habilitados nuevamente bajo supervisión de los auditores, con el propósito de confirmar que no existieron alteraciones.

El registrador también anunció que las actas de votación de todas las mesas del país serán publicadas de manera digital, incluyendo aquellas ubicadas en regiones apartadas del territorio nacional. En total, se pondrán a disposición cerca de 700 mil documentos electorales para consulta ciudadana y revisión de los partidos.

Asimismo, hizo un llamado a las colectividades políticas para fortalecer la vigilancia del proceso mediante la inscripción masiva de testigos electorales, indicando que cada mesa podrá contar hasta con 30 representantes acreditados.

De acuerdo con la Registraduría, el censo electoral supera los 40 millones de ciudadanos habilitados para votar y se proyecta una participación cercana al 60 %. Para garantizar el desarrollo de la jornada, fueron designados alrededor de 860 mil jurados de votación y más de 9 mil jueces encargados de validar los resultados oficiales.

En cuanto al escrutinio, Penagos manifestó que la entidad reforzó sus capacidades logísticas y tecnológicas, lo que permitiría entregar resultados consolidados y confiables durante la noche del mismo 31 de mayo.

Finalmente, el registrador confirmó que solicitó al Ministerio de Defensa reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas donde existen riesgos por la presencia de grupos armados ilegales, especialmente en departamentos como Cauca, Putumayo, regiones del Catatumbo y el sur de Bolívar, con el objetivo de garantizar el traslado seguro del material electoral y la normalidad de las votaciones.