julio 18, 2024

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“El Gobierno Nacional debe avanzar en la implementación de la política integral migratoria”

“El Gobierno Nacional debe avanzar en la implementación de la política integral migratoria, contemplada en la Ley 2136 de 2021. Es propicio que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en su implementación y ejecución”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de conocer las más recientes cifras de migrantes en tránsito irregular que utilizan el Tapón del Darién para conectar con Centroamérica y, posteriormente, muchos de ellos, con Norteamérica.

Entre enero y el 15 de mayo del 2024 cruzaron la selva fronteriza (entre Colombia y Panamá), de acuerdo con Migración Colombia, 175.851 personas susceptibles a la condición de refugio y con necesidad de protección internacional. Del total, 118.397 eran venezolanos; 13.814, haitianos; 15.182, ecuatorianos, y 9404, chinos. El resto de la cifra la conformaron personas provenientes de países africanos y del Caribe.

 

“La Cancillería debe constituir de manera urgente el Sistema Nacional de Migraciones como una instancia armónica de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, desde la cual se promueva el goce efectivo de los derechos de la población migrante”, indicó el Defensor del Pueblo luego de hacer un recorrido por los puntos de recepción de migrantes en Necoclí, municipio antioqueño que viene afrontando con serias dificultades el fenómeno de la migración.

Afectaciones generadas por el fenómeno migratorio

El aumento del movimiento migratorio ha influido en la economía local, lo que ha incrementado los precios de la canasta familiar, de los transportes, etc., y limitado el acceso a bienes y servicios, lo cual ha generado que la población en tránsito en condiciones de extrema vulnerabilidad tenga barreras para continuar su destino, situación que prolonga su tránsito en los municipios del eje bananero, especialmente en Apartadó, Turbo y Necoclí.

 

“Estas situaciones incrementan sus riesgos de protección y afectaciones físicas y psicosociales, además de fenómenos sociales como habitabilidad de calle, instrumentalización de niñas y niños para la mendicidad, sexo por supervivencia, xenofobia, aporofobia, y las barreras de acceso a derechos y servicios básicos”, reclamó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

 

La Defensoría del Pueblo, a través de sus Regionales, continuará haciéndole un seguimiento y acompañamiento a la situación humanitaria de los miles de personas que continúa en tránsito irregular por esa zona limítrofe con Panamá.

 

La Casa de los Derechos, con sede en Necoclí, es una de las tantas acciones implementadas por la Defensoría para poner a disposición a la población migrante la oferta institucional que tiene como fin la garantía de sus derechos fundamentales.

Esfuerzos estatales en la atención a migrantes

 

Pese a que la institucionalidad gubernamental ha atendido los llamados de la Defensoría del Pueblo sobre la atención a la población en movilidad humana, siguen existiendo brechas en la garantía del derecho a migrar, lo que no ha permitido que la migración sea segura, ordenada y regular.

 

“Valoramos lo hecho por algunas entidades del Estado. Por ejemplo, el fortalecimiento de los equipos de Migración Colombia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los municipios de la amplia zona que componen el Urabá-Darién y la creación de las mesas municipales y departamentales de gobernanza migratoria”, expresó Carlos Camargo Assis.

Del mismo modo, la Defensoría es consciente de la voluntad política de algunas administraciones municipales en la inclusión en sus planes de desarrollo de líneas y programas para la atención de la población migrante. También reconoce el esfuerzo de las organizaciones internacionales en el apoyo a la atención de la población en movilidad humana.

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