Defensoría convoca mesa de trabajo por desalojo en barrio Altos de Pinar del Río, en Barranquilla
En días pasados la Defensoría del Pueblo acudió al llamado de los habitantes de un sector del barrio Altos de Pinar del Río de Barranquilla, quienes manifestaron que el 9 de julio, durante una diligencia de desalojo fueron agredidos física y verbalmente por el personal de apoyo asignado para el operativo.
En desarrollo del acompañamiento a la comunidad afectada, se evidenció la demolición de aproximadamente 20 viviendas y la presencia de población de especial protección constitucional en el sector.
Por esta razón, la Regional Atlántico convocó reuniones con las partes involucradas, incluyendo representantes de la comunidad afectada y la Personería Distrital. Además, se invitó a la Oficina de Despachos Comisorios de la Alcaldía de Barranquilla para conocer las acciones de las entidades responsables del desalojo y abordar las inconformidades de la comunidad.
La Defensoría no desconoce el derecho a la propiedad privada, es respetuosa y acata las decisiones judiciales que propenden por la defensa de esta, y en ese sentido, establece que cuando existen situaciones especiales y personas vulnerables, es necesario aplicar principios de distinción y proporcionalidad para la salvaguarda de los derechos humanos.
Se recalcó la Sentencia T-349 de 2012 en cada una de las reuniones, la cual destaca la observación general No 7 del Comité de la Delegada de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que, en el contexto de los desalojos, deben salvaguardarse las siguientes garantías procesales: una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo y facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas.
Esta sentencia argumenta que debe haber presencia de funcionarios del Gobierno o de sus representantes en el desalojo, especialmente cuando este afecte a grupos de personas. La identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; no efectuar desalojos cuando haya mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento y finalmente ofrecer recursos y asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación ante los tribunales.
La Defensoría del Pueblo continua con el seguimiento del caso, con el fin de promover las garantías de los derechos humanos, la protección de las familias afectadas, el respeto a la propiedad privada y el debido proceso.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su disposición a facilitar espacios de diálogo para desarrollar soluciones a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la normativa, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades.
