PGN, Defensoría y Contraloría presentan al Congreso el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas
La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, destacaron en su Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas que el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese fin.
El informe señala, que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14 % de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.
Los cálculos realizados estiman que se requieren $ 303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031.
Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.
Así mismo, la Comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil.
Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado.
declaración. Para ofrecer una solución a esa problemática, actualmente se realiza un trabajo articulado con la Cancillería para que puedan rendir sus declaraciones, en el marco de la Ley 2343 de 2023, que amplió los términos para rendirlas.
Vivienda
persiste el incumplimiento de sentencias de restitución, por parte de diferentes entidades gubernamentales.
La Comisión advierte sobre las dificultades en la implementación de la política pública de retornos y reubicaciones, especialmente en términos de seguridad y acceso a recursos. La ejecución lenta y la falta de continuidad en las acciones han impedido avances sostenibles. Continúan los problemas en el acceso a la oferta sectorial y a programas de generación de ingresos, tierras y vivienda por la inexistencia de rutas claras y específicas para víctimas de desplazamiento forzado.
Sostiene que la tasa de ocupación formal para víctimas ha sido muy baja. Aunque el 50,6% de los hogares víctimas ha accedido a programas gubernamentales para generación de ingresos, solo el 25,1 % ha superado su situación de vulnerabilidad socioeconómica, y a la fecha un poco más de cinco millones de víctimas no la superan.
Concluye que existe una baja participación de la población víctima en la oferta institucional para la generación de ingresos, así como un bajo nivel de inversión por parte del Gobierno Nacional en comparación con esa necesidad.
Por último, el informe revela barreras significativas en la protección de mujeres y personas con orientación sexual e identidades de género diversas LGBTIQ+, lo que da cuenta de la falta de programas efectivos y la insuficiencia en la atención a sus necesidades específicas, por lo que la comisión recomienda una aplicación efectiva del enfoque de género en las políticas de atención y reparación.
