Alianza estratégica para proteger derechos humanos en el Atlántico

Durante dos días, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una serie de mesas de trabajo con los personeros de los municipios del departamento, con el objetivo de hacer seguimiento a las principales problemáticas en materia de derechos humanos presentes en los territorios.

En los encuentros, los personeros informaron a funcionarios de la Regional Atlántico sobre la situación actual de sus municipios en temas críticos como seguridad, educación, salud, condiciones de la población privada de la libertad, calidad de los servicios públicos, orden público, violencia de género, desarrollo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) e infraestructura, entre otros.

Otro de los ejes que se desarrollaron en estos espacios de diálogo fue el de coordinar acciones efectivas del Ministerio Público en el departamento para abordar estas problemáticas, además de fortalecer la capacidad de los personeros para trabajar de manera articulada en la defensa de los derechos de sus comunidades.

Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran el hacinamiento y las deficientes condiciones en estaciones de Policía y cárceles, el aumento de la inseguridad debido a la presencia de grupos armados y bandas criminales; y las serias deficiencias en los servicios de salud, como la falta de recursos e infraestructura deteriorada.

También se identificaron problemas graves en la prestación de servicios públicos, especialmente en el suministro de energía y agua, así como en la infraestructura educativa, que enfrenta un deterioro significativo.

Asimismo, resulta preocupante el incremento de la violencia contra la mujer y las falencias en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que han afectado el bienestar de los estudiantes en varios municipios.

Por último, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con los personeros para implementar soluciones concretas y mejorar la protección de los derechos humanos en los territorios. Estas acciones serán objeto de un seguimiento continuo para asegurar su efectividad y garantizar el bienestar de las comunidades más vulnerables del Atlántico.