Exjefes de las Farc deberán trabajar en desminado, memoria y medio ambiente por sentencia de la JEP

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Tras siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera condena por crímenes de guerra. El fallo responsabiliza al último secretariado de las extintas Farc por el secuestro de más de 21.000 personas y les impone una sanción de ocho años, aunque sin privación de libertad, lo que les permitirá continuar en la política.

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, reconoció el dolor de las víctimas durante la lectura de la decisión: “Esta sentencia no les devolverá lo perdido ni borrará el sufrimiento vivido. Ninguna justicia en el mundo podría hacerlo. Sin embargo, busca ofrecer un alivio y contribuir a sanar, en parte, sus heridas”.

De acuerdo con la investigación, un total de 21.393 personas fueron víctimas de secuestro bajo las órdenes de esa guerrilla, de las cuales 4.325 ya han sido acreditadas formalmente dentro del proceso.

La sanción impuesta corresponde a la pena máxima contemplada en el Acuerdo Final de Paz: ocho años de sanción propia, centrada en medidas restaurativas como la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario, proyectos de memoria histórica y acciones de protección ambiental.

Los excomandantes sentenciados son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda. Ninguno de ellos irá a prisión.

La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de críticas. Juan Camilo Sanclemente, abogado representante de víctimas, expresó: “El caso 01 de la JEP terminó en apenas ocho años de sanciones sin cárcel. Los excomandantes seguirán en política y sus proyectos de ‘reparación’ estarán financiados por el Estado, mientras la verdad plena para las víctimas quedó en el papel”.

El 8% de las víctimas acreditadas en el caso de secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró haber perdido a un familiar en condición de desaparición forzada. Por ello, los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc condenados deberán entregar informes, elaborar mapas y coordinar acciones junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con el fin de avanzar en el hallazgo de restos y dar respuestas a los familiares.

Dentro de sus obligaciones también está la realización de visitas de campo, capacitaciones en custodia de sitios forenses y la organización de actos públicos de reconocimiento y perdón en compañía de las víctimas. En la sentencia se enfatiza: “Esta sanción aborda una de las heridas más profundas y persistentes: la incertidumbre sobre la suerte de los desaparecidos y el vacío irreparable de su ausencia. Cada acción de los comparecientes busca responder a esa deuda de verdad y dignificación”.

Uno de los lugares priorizados será el Cementerio Central de Palmira (Valle del Cauca), donde están acreditadas 94 víctimas relacionadas con este caso. Allí, los exFarc deberán aportar información sobre posibles puntos de inhumación y coordenadas que ayuden a localizar restos de desaparecidos durante el conflicto.

La JEP subrayó que estas sanciones restaurativas están orientadas a visibilizar y reconocer a las víctimas, así como a garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición. Por ello, los comparecientes deberán participar en la recolección de testimonios, en la creación de piezas radiales, audiovisuales y digitales, y en la instalación de “espacios de memoria” construidos de manera conjunta con comunidades y familias afectadas.

La sentencia también contempla la participación de instituciones del Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sena, la Unidad de Víctimas y la Agencia para la Reincorporación, además de varios ministerios. En Cali, por ejemplo, se programará un acto simbólico en el que los comparecientes pedirán perdón a las familias de los diputados del Valle secuestrados y asesinados.

Otro eje de estas sanciones será el trabajo ambiental. Los excombatientes deberán ejecutar proyectos de recuperación de ecosistemas, mediante la preparación de terrenos, instalación de viveros, siembra de especies nativas y cultivos de pancoger en regiones afectadas por la guerra.

Según la JEP, “estas acciones no solo cumplen con el régimen de condicionalidad, sino que integran objetivos territoriales, ambientales y comunitarios para dar un carácter transformador a las sanciones”.

El componente de desminado humanitario también será central. A través del programa Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), los comparecientes tendrán que recolectar información, realizar cartografía especializada y participar en procesos de educación comunitaria sobre el riesgo de minas. El Ministerio de Defensa y el Ejército apoyarán este trabajo, brindando capacitación certificada en procedimientos técnicos de despeje.

La JEP recordó que la instalación de artefactos explosivos durante el conflicto dejó una huella profunda en las comunidades rurales, alteró la vida social y limitó el acceso a la tierra. Por ello, el desminado es considerado un paso clave para restaurar la confianza comunitaria y recuperar los territorios.