Opinión | El desbarajuste fiscal: Amylkar Acosta Medina

El Gobierno apostó por una ambiciosa expansión del gasto público, sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica. Sin embargo, tras la aprobación de la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277 de 2022), cuyo mayor recaudo terminó diluyéndose, y luego del fracaso de nuevos intentos de reforma, el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada afectaron significativamente el recaudo fiscal. Como resultado, se generó un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.

A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros provenientes del petróleo y el gas, pilares fundamentales de las exportaciones y de los recursos fiscales del país.

La situación se agrava por el incremento del servicio de la deuda pública. Hoy, una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, limitando el margen de maniobra del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. En otras palabras, el Gobierno dispone de menos recursos para atender las necesidades sociales porque una parte creciente del presupuesto está comprometida con la deuda.

El Gobierno central registra un déficit primario —excluyendo intereses de la deuda— de 3,6%, el más alto de América Latina según la CEPAL. Por su parte, el déficit fiscal cerró el año anterior en 6,4%. Este abultado déficit y el creciente endeudamiento afectan la sostenibilidad fiscal del país, situación que ha derivado en la rebaja de la calificación de la deuda soberana y en un mayor costo del financiamiento. La prima de riesgo se ha incrementado al punto de que recientes colocaciones de deuda alcanzaron tasas cercanas al 14,46%.

De ello se deriva una mayor erogación para cubrir el servicio de la deuda. Como muestra, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 contempla una apropiación adicional de $46 billones para este rubro. Esta partida explica, por sí sola, gran parte del incremento del aforo presupuestal para el próximo año y se convierte en la segunda más alta después de educación. Al mismo tiempo, reduce el espacio disponible para la inversión pública, históricamente el componente más sacrificado del gasto. Esta es, en realidad, la principal inflexibilidad del gasto público de la que tanto se queja el Gobierno para justificar sus fallidos intentos de impulsar una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República.

Otro elemento preocupante es la pérdida de credibilidad frente a los mercados y las agencias calificadoras. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha traducido en mayores costos de financiamiento para el país, afectando tanto al Estado como al sector privado.

En mi concepto, el hecho de que la caja de la Nación haya caído 45,7%, pasando de $13,8 billones en abril de 2025 a apenas $7,5 billones, es solo la punta del iceberg. En efecto, Colombia enfrenta un déficit estructural en las finanzas del Gobierno central, reflejado en el descalce entre ingresos equivalentes al 16,3% del PIB y un gasto que alcanza el 22,7%. Estamos, sin duda, ante un verdadero desorden fiscal.

Este estrés financiero y la incontinencia del gasto —advertidos por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)— llevaron al Gobierno a suspender temporalmente el cumplimiento de la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape. Como consecuencia, el endeudamiento se ha disparado. Basta señalar que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó la cifra histórica de $1.238 billones, lo que representa un incremento cercano al 20% en un solo año y un aumento superior a $433 billones desde agosto de 2022.

El ajuste fiscal requerido será una tarea compleja, pues implica adoptar decisiones difíciles pero necesarias: racionalizar el gasto, priorizar la inversión productiva, controlar el crecimiento del endeudamiento y fortalecer las fuentes permanentes de ingresos. No se trata únicamente de reducir el déficit en el corto plazo, sino de enviar señales claras de disciplina y responsabilidad fiscal.

Cabe advertir, además, que el elevado déficit fiscal se suma al creciente déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El déficit de la balanza comercial pasó de US$10.807 millones en 2024 a US$16.377 millones, lo que representa un incremento del 51,5%. Así, los llamados “déficits gemelos” —déficit fiscal más déficit en cuenta corriente— alcanzaron el 8,8% del PIB, el nivel más alto de la última década.

En un contexto de incertidumbre internacional, volatilidad de los precios del petróleo y desaceleración económica, mantener unas finanzas públicas sanas es fundamental para proteger la estabilidad económica y social del país. La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.