MinJusticia destaca más de 4,5 millones de gestiones para acercar la justicia a los territorios
Entre 2022 y 2026, el ministerio de Justicia y del Derecho impulsó una de las transformaciones más amplias del sector de las últimas décadas. La justicia, que durante años pareció lejana para millones de colombianos, hoy está más cerca de los territorios, de las víctimas y de quienes históricamente encontraron más barreras que respuestas.
A través de la estrategia Justicia para la Gente, el ministerio realizó más de 4,5 millones de gestiones en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, un 60% más que en el cuatrienio anterior, beneficiando directamente a los colombianos que no podían pagar un abogado con 5.060 personas atendidas en jornadas móviles y feria de servicios. 17.856 personas beneficiadas en Jornadas de Conciliatón.
El Ministerio impulsó las Comisarías Protectoras en 9 departamentos, articulando comisarios de familia y autoridades indígenas. Promoviendo la conciliación para construir paz territorial.
Extradiciones
Uno de los resultados más contundentes fue el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional. Con 913 extradiciones efectivas a 31 países, más de 560 de ellas a Estados Unidos, Colombia alcanzó el mayor registro de su historia reciente, golpeando las finanzas de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, el abuso sexual de menores, secuestro, el homicidio y otros delitos transnacionales.
A ello se sumó la aprobación de la Ley PEIMAR, en articulación con el Ministerio de Defensa, que fortaleció las herramientas para perseguir las economías criminales en altamar.
Por primera vez, el ministerio de Justicia estructuró una Política Nacional de Drogas centrada en el oxígeno a la vida, sin renunciar a la asfixia de las economías criminales, ampliando las oportunidades para las comunidades más afectadas por el narcotráfico.
“Sembrando Vidas Desterramos el Narcotráfico” entrega una inversión superior a $52.000 millones a través del Banco de Proyectos, con más de 200.000 personas impactadas positivamente. Más de 34 mil participantes de una transformación cultural que previene el consumo y reduce estigmas.
Como legado institucional, el Gobierno y la UNODC dejan al país una hoja de ruta para mejorar la medición del indicador de Producción Potencial de Cocaína (PPC), una herramienta que permitirá medir mejor para tomar mejores decisiones frente al fenómeno de las drogas.
Humanización de penas
Gracias a la Ley de Utilidad Pública, más de 270 mujeres condenadas por delitos menores relacionados con estupefacientes y hurto, reparan a la sociedad sin separarse de sus familias beneficiando a 800 personas de su entorno. La medida contribuye a la resocialización, reduce el hacinamiento carcelario y protege a los niños y adultos mayores que dependen de ellas.
La Jurisdicción Agraria ya es irreversible y hace parte de la Constitución, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El ministerio de Justicia, en coordinación con el ministerio de Agricultura, logró la sanción de la Ley Estatutaria 2570 de 2026, permitiendo que, por primera vez, más de 2,3 millones de habitantes rurales cuenten con jueces especializados para resolver sus conflictos relacionados con la tierra, sin violencia.
La protección de las víctimas del conflicto pasó del papel a una ruta concreta de restablecimiento de sus derechos. Con el Decreto 0063 de Mujeres Buscadoras, el Gobierno saldó una deuda histórica con más de 300 mil mujeres que durante años fueron invisibilizadas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Por primera vez, el Gobierno hizo realidad el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz, convirtiendo las sanciones de la JEP en proyectos de reparación para las víctimas del conflicto, convirtiéndose en la primera entidad en entregarle 7 proyectos restaurativos construidos con víctimas. Como legado, creó junto con la UNODC la primera Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, 2.500 millones de pesos en 2025 para financiar futuras iniciativas de reparación en los territorios.
El Gobierno tuvo la voluntad política para humanizar el sistema penitenciario y carcelario para proteger a toda la sociedad, firmando el CONPES 4156 DE 2025 y asegurando 4,4 billones de pesos para los próximos años, una decisión de política pública sin precedentes para responder al estado de cosas inconstitucional que determinó la Corte Constitucional.
Se consolidó una justicia con enfoque diferencial para garantizar el acceso efectivo a los derechos de poblaciones históricamente discriminadas. Entre los principales avances se encuentran el Decreto No Binario para el reconocimiento de identidades de género diversas; el lanzamiento del programa de formación para funcionarios públicos frente a violencias basadas en género ‘No es Hora de Callar’; la protección de las mujeres con la entrega de la Guía para la valoración del riesgo feminicida; y la adopción del protocolo Sin Barreras para personas en situación de discapacidad, que incorpora estándares de accesibilidad, lenguaje claro y garantías para su acceso a la justicia.
Como legado para el país, el ministerio deja estructuradas las bases de la reforma a la justicia, construida con la Comisión Asesora para enfrentar la congestión, la impunidad y las barreras. Además, entrega la hoja de ruta para la actualización del Plan Decenal del Sistema de Justicia, con una visión al 2038 orientada a fortalecer la presencia del Estado en los territorios y ampliar el acceso de la ciudadanía a la justicia.
El Gobierno 2022–2026 fortaleció la lucha contra el crimen transnacional, amplió el acceso a la justicia, consolidó nuevas garantías para las víctimas, los campesinos y todos los colombianos, y sentó las bases de las transformaciones para la próxima década.
