Errores en el trámite ponen en vilo el Presupuesto General de la Nación de 2027
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 20 de octubre, cuando el Legislativo estaba contra el reloj para aprobar el proyecto dentro del plazo establecido. Ante la falta de publicación oportuna en la gaceta del texto aprobado por el Senado, la Cámara optó por utilizar el mecanismo conocido como «votación en espejo», con el propósito de replicar las decisiones de la otra corporación y evitar una conciliación.
Sin embargo, durante ese procedimiento se habría presentado una diferencia en el artículo 65. Mientras el Senado lo aprobó sin modificaciones, en la Cámara se votó una proposición que había sido retirada previamente por el senador Juan Caicedo, del Centro Democrático.
La situación generó cuestionamientos sobre la preparación de los documentos que sirvieron de base para la votación y los controles aplicados durante la sesión. Entre los señalados aparecen integrantes del equipo del Ministerio de Hacienda, así como los ponentes, la mesa directiva y los miembros de la plenaria de la Cámara, quienes debían verificar el contenido sometido a consideración.
Desde la oposición, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtió sobre la presunta irregularidad y cuestionó la manera en que se desarrolló el trámite. Por su parte, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, pidió que se asuman responsabilidades por lo ocurrido y defendió la permanencia de los recursos adicionales destinados al sector salud.
¿Qué recursos están en riesgo?
La controversia tiene implicaciones sobre varias modificaciones presupuestales que se discutieron durante el trámite legislativo. Entre ellas figuran alrededor de $3 billones adicionales para la salud, un recorte de $11.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como asignaciones de $100.000 millones para la Rama Judicial y otros $100.000 millones para el Icetex.
Una de las alternativas planteadas consiste en expedir el presupuesto por decreto, tomando como referencia el texto aprobado en el primer debate, y posteriormente tramitar una ley de adiciones presupuestales para recuperar algunos de los cambios acordados en el Congreso. No obstante, la viabilidad de esta salida depende de la interpretación jurídica que se adopte.
Las posiciones frente a la controversia
El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, sostuvo que esa corporación dejó constancia de que el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones y ordenó publicar el registro de las iniciativas votadas, en el que no aparece ninguna relacionada con ese artículo.
En contraste, otros sectores consideran que la Cámara de Representantes también tiene responsabilidad, pues sus integrantes aprobaron el texto sin advertir la diferencia. La discusión se centra en determinar si el error afecta únicamente el artículo cuestionado o si compromete la validez del presupuesto en su conjunto.
El senador Cristian Garcés, ponente del proyecto, pidió respetar lo aprobado en segundo debate y planteó la posibilidad de expedir por decreto el texto del primer debate si la inconsistencia no puede subsanarse, para después recuperar los ajustes mediante una ley de adiciones.
A su vez, la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, sostuvo que la intención de la Cámara era aprobar el artículo en los mismos términos del Senado y que la diferencia habría obedecido a un error de precisión durante la sesión.
Por ahora, el futuro del Presupuesto General de la Nación de 2027 depende de las decisiones que adopte el Gobierno y de los conceptos jurídicos sobre el alcance de la irregularidad. Mientras tanto, la controversia mantiene la incertidumbre sobre la distribución definitiva de los recursos y las consecuencias que podría tener el error en el trámite legislativo.
Importante: Antes de publicar, conviene verificar los nombres, cargos, fechas y cifras con las fuentes originales, así como confirmar el estado jurídico actual del proyecto presupuestal.
