Congreso aprueba en primer debate la Ley de Sometimiento a la Justicia
La iniciativa avanzó en medio de una carrera contra el tiempo, debido a que la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, debe renovarse antes del 4 de noviembre de 2026. Esta norma establece el marco jurídico para que el Gobierno defina estrategias frente a los grupos armados y las organizaciones criminales.
Tras la aprobación en las comisiones, el proyecto deberá superar los debates en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para completar su trámite legislativo dentro del plazo previsto.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la propuesta conserva, en términos generales, la estructura presentada inicialmente por el Ejecutivo, aunque durante la discusión se incorporaron modificaciones relacionadas con la representación de las organizaciones criminales, la protección de las víctimas y las obligaciones de quienes busquen acogerse al mecanismo.
Uno de los cambios establece que el interlocutor designado por los grupos armados ante la justicia no tendrá que ser necesariamente un abogado. Podrá ser cualquier persona elegida por la organización, sin que esta función le otorgue reconocimiento político.
Beneficios judiciales y obligaciones para los grupos criminales
Entre los aspectos centrales del proyecto se encuentran los beneficios judiciales diferenciados según el nivel de participación de los integrantes en las organizaciones. De acuerdo con lo expuesto durante el debate, los miembros rasos podrían acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas se contempla una disminución máxima del 30 % de las penas acumuladas.
La iniciativa también establece obligaciones relacionadas con la entrega de bienes obtenidos ilícitamente y el suministro de información sobre las rutas del narcotráfico. Asimismo, incorpora disposiciones para fortalecer la protección de las víctimas y combatir el reclutamiento de menores de edad.
Cancino señaló que los bienes entregados por los sometidos deberán ser verificados por la Fiscalía General de la Nación y explicó que el acceso a determinados beneficios estará sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el proyecto.
En materia de reclutamiento de menores, el ministro indicó que los responsables deberán contribuir al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de cumplir con obligaciones reforzadas de verdad. También advirtió que las sanciones deberán considerar el papel de quienes hayan tenido responsabilidad de mando en estas conductas.
Otro punto relevante es que el sometimiento no implicará la suspensión de las operaciones militares, el levantamiento automático de las órdenes de captura ni la eliminación de las medidas de extradición.
Gobierno defiende el alcance de la iniciativa
Durante la discusión, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, defendió el proyecto y sostuvo que está dirigido a personas vinculadas con actividades criminales como el narcotráfico, la explotación ilegal de oro y la extorsión.
El funcionario insistió en que la propuesta no reconoce estatus político a las organizaciones que decidan someterse y que tampoco crea una jurisdicción especial ni contempla amnistías.
“Lo que hay, básicamente, es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la República”, explicó Lara durante su intervención en el Congreso.
La discusión legislativa se desarrolló en medio de cambios en el gabinete nacional. Lara abandonó el recinto aproximadamente a las 8:10 de la noche y, cerca de media hora después, se conoció su salida del Ministerio del Interior. Según la información suministrada, Iván Cancino asumió temporalmente esas funciones mientras se produce la llegada del nuevo titular.
Con la aprobación en primer debate, el Gobierno deberá buscar el respaldo de las plenarias de ambas cámaras para que la Ley de Sometimiento a la Justicia pueda completar su trámite dentro del plazo establecido para la renovación de la Ley de Orden Público.
