julio 18, 2024

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Prácticas empresariales no pueden vulnerar los derechos laborales ni del medioambiente

“Las prácticas empresariales no pueden vulnerar de ninguna manera los derechos laborales de los trabajadores colombianos ni del medioambiente”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de revisar los informes relacionados con la Implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia.

Su esencia está relacionada con las políticas y regulaciones del Estado colombiano en la protección de los derechos humanos (Pilar I), la manera en la que algunas empresas en el país documentan medidas de respeto por los derechos humanos (Pilar II) y el acceso a mecanismos de reparación (Pilar III).

Para la elaboración de los informes se contó con el apoyo del Instituto Danés de Derechos Humanos en su calidad de entidad nacional de DD. HH. “Los documentos finales tienen un gran potencial en su uso porque organizan información para la elaboración de una línea base conforme a los Principios Rectores. Además, identifican necesidades de investigación y recomendaciones en derechos humanos y empresas, apoyan reportes a mecanismos internacionales en este tema y realizan un monitoreo extendido en el tiempo”, expresó Carlos Camargo Assis.

El Defensor indicó que la actividad empresarial impacta el goce de los derechos humanos, “por ello, hemos intervenido en numerosas problemáticas derivadas de las relaciones empresas-comunidad, reiterando el deber ineludible de todos los actores, como Estado, empresas, comunidades y personas, de acatar la Constitución y las leyes. De ahí, el interés de la Defensoría en promover y divulgar estas normas para facilitar su puesta en marcha en nuestro país”.

Con los documentos nuevos se espera fortalecer la acción de la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos y empresas, así como incidir en la elaboración de políticas públicas que permitan la implementación de los Principios Rectores y otros estándares internacionales en todas las regiones del país.

Pilares de los Principios Rectores (PR)

El mecanismo por excelencia para implementar los PR son los Planes Nacionales de Acción (PNA), los cuales, por su carácter de estrategia o política pública, son liderados y adoptados por órganos de gobierno, que cuentan con el mandato y herramientas para promover, adoptar y articular las acciones que se propongan en ellos. Lo anterior, siempre asegurando la participación de las distintas entidades públicas involucradas, así como de los actores de la sociedad civil y empresarial que correspondan.

Pensando en ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diseñó tres herramientas que buscan prevenir impactos de consideración. La primera son los PR sobre empresas y derechos humanos, que establecen las obligaciones de los Estados y la responsabilidad de las empresas para prevenir y responder cuando se vulneran derechos.

La segunda herramienta es el Plan Nacional de Acción, una guía para la implementación de los Principios Rectores a nivel nacional. Y la tercera, la Línea Base, un análisis de las normas y prácticas existentes en un país para proteger los derechos humanos ante impactos empresariales. La Línea Base sirve como punto de partida para la formulación del Plan Nacional de Acción y otras políticas relacionadas.

Políticas públicas en Colombia tienen limitaciones

El estudio, que lideró la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), de la Defensoría del Pueblo, encontró que las políticas públicas sobre derechos humanos y empresas tienen limitaciones y no hay una ley específica que regule las actividades económicas en esa área.

Aunque el Estado cuenta con leyes para regular impactos negativos en trabajadores y el medioambiente, estas medidas no se implementan porque no hay una exigencia general para que las empresas respeten los derechos humanos. Si bien la Constitución colombiana permite una ley de tal tipo, hasta el momento el Congreso de la República no ha aprobado nada similar.

“Es necesario que se cuente con una estrategia estatal más clara y efectiva para supervisar y actuar contra las afectaciones a los derechos humanos en el contexto empresarial. La implementación efectiva de los Principios Rectores, la creación de una Línea Base y la formulación de un Plan Nacional de Acción robusto son pasos fundamentales para proteger los derechos de trabajadores, comunidades y ecosistemas en Colombia.

La tarea está en manos del Gobierno, finalizó el Defensor del Pueblo de los colombianos, “ya que tiene la responsabilidad, junto con las otras ramas del poder público, de continuar y mejorar la protección de los derechos humanos en el mundo de las empresas”.

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