mayo 22, 2024

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Pobreza, desigualdad e injusticia social, principales problemáticas que obstaculizan derecho a la educación en zonas rurales

“El derecho a la educación en zonas rurales requiere compromisos y esfuerzos de todos. La profundización de las brechas de la pobreza, la desigualdad, la precariedad en las condiciones de vida y la inexistencia de justicia social son las principales problemáticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en los campos de Colombia”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el foro ‘Situación del derecho a la educación en zonas rurales: retos para su garantía’, llevado a cabo en la Universidad de los Andes.

En Colombia, del total de las sedes educativas (47.757) que enfocan sus servicios en el nivel de básica primaria, el 73,1% se ubica en zona rural y el 26,9% en zona urbana, por lo que el Defensor anotó: “El derecho a la educación en corregimientos, veredas y sitios apartados de los cascos urbanos requiere compromisos y esfuerzos de las administraciones que involucran los niveles nacional, departamental y municipal. Un empeño decidido, sin ambages”.

Informe de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo, con el trabajo acucioso de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaboró un estudio de caso en perspectiva de derechos, con el fin esencial de establecer el nivel de garantía del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes (NNA) en la ruralidad de Risaralda, Sucre, Guainía, Chocó, Vaupés, Nariño y Bogotá, con especial énfasis en los menores de edad, al constituirse en sujetos de especial protección constitucional, y formular las recomendaciones pertinentes.

Del total de entrevistas realizadas en las instituciones educativas visitadas, hay un porcentaje considerable de inconformidades manifestadas en temas de infraestructura educativa (84,93% de los encuestados), por el estado de abandono y precariedad de las instalaciones y su dotación, seguido del escaso o nulo mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte escolar (38,35%) y problemas con la cobertura de la alimentación escolar, pues no es completa (36,98%).

En relación con los bienes y servicios disponibles, el 64,29% no cuenta con aulas de informática y equipos en buenas condiciones para desarrollar y apoyar sus actividades, tan solo el 10% cuenta con laboratorios de física y química. Sin embargo, el 94% tiene electricidad, el 95% dispone de agua y el 92,86% cuenta con servicio de internet.

Sobre lo concerniente a vías de acceso a los centros de educación, el 21,43% está en regular o mal estado; el 64,28% cuenta con algún tipo de espacio deportivo, de los cuales el 55,6% se encuentra en regular estado y el 44,4% en mal estado; el 78,57% no cuenta con espacios culturales.

El 64,25% de las sedes educativas se quejó de la falta de docentes con adecuado perfil para áreas específicas o especializadas. Solamente el 35,71% de los docentes entrevistados indicó haber participado en capacitaciones de fortalecimiento de competencias una vez en el último año.

Aunque hay avances, todavía falta

“La Defensoría del Pueblo es consciente de los avances en el reconocimiento del derecho a la educación por el Estado colombiano y la adopción de medidas para promover su ejercicio. No obstante, nos preocupan las persistentes disparidades en la garantía de la educación entre las zonas urbanas y rurales, que afecta principalmente a las niñas, los niños y adolescentes de los grupos más desfavorecidos y marginados”, señaló el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Camargo Assis finalizó diciendo que tiene la certeza de que los resultados del evento contribuirán al fortalecimiento del ejercicio pleno del derecho a la educación de los menores de edad que viven en la ruralidad.

Al foro, hecho a instancias de la Universidad de los Andes, asistieron como ponentes y panelistas importantes personalidades, como el vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Ludovick Hennebel; en calidad de representante de la Oficina Regional de la Unesco para América Central, México y Colombia, Romina Giselle Kasman; el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media de Colombia, Óscar Sánchez Jaramillo, entre otros.

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